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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-07-2019

La justicia de Guatemala reconoce la vulneracin de los derechos de los pueblos indgenas en la hidroelctrica construida por el grupo Cobra-ACS

Rebelin

Alianza por la Solidaridad revel en un informe que este proyecto ha colapsado el ro Cahabn, afectando la vida y los derechos de ms de 29.000 mayas Qeqch


La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha dictado una sentencia que obliga a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indgenas afectadas por la hidroelctrica RENACE sobre el Ro Cahabn, de Alta Verapaz. Esta obra, construida por la empresa espaola Grupo Cobra-ACS, subcontratada por la propietaria Corporacin Multi Inversiones (CMI) fue denunciada por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indgenas, reconocido internacionalmente, a ser consultados sobre concesiones de sus territorios y sus recursos. En concreto se recoge en los artculos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio de la Organizacin Internacional el Trabajo (OIT) en vigor en Guatemala desde 1997.

La sentencia, pese a obligar a realizar la consulta, no paraliza las operaciones de la hidroelctrica RENACE que estn en marcha, lo que ha dado lugar a un voto particular razonado de una de las magistradas, Mara Dvila Salazar, que pide suspender la licencia hasta que se restituyan los derechos del pueblo Qeqch, tal como ocurri en un amparo previo con otra hidroelctrica Oxec I y Oxec II- en el mismo ro Cahabn y que discrepa tambin de que la Corte no mencione la vulneracin del acceso al agua de las comunidades debido a este proyecto.

Alianza comparte la satisfaccin con el hecho de que, tras aos de lucha, las comunidades indgenas Qeqch vean reconocido su derecho judicialmente y, asimismo, exige que RENACE deje de operar hasta que stas no se pronuncien. Adems, considera fundamental que se fije una fecha para la realizacin de esta consulta. Es necesario recordar que el caso RENACE fue fruto de una investigacin desarrollada por la ONG espaola, dentro de su campaa TieRRRa por las inversiones responsables.

Desde que se lanz en 2016, se han recogido ms de 32.000 firmas de apoyo a las comunidades mayas afectadas, ms de 29.000 personas, en colaboracin con el Colectivo MadreSelva, de Guatemala. Uno de los lderes que lo denunci pblicamente en el pas, el maestro Bernardo Caal Xoc, ha sido condenado a ms de siete aos de crcel por hechos relacionados con protestas en defensa del ro Cahabn.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala hace referencia a dos recursos planteados sobre RENACE. Uno de ello, fue presentado el 21 de marzo de 2017 por varios comunitarios en defensa de la obra, curiosamente un da antes del recurso que present la lder Ana Rutilia Ical. Los comunitarios argumentan las ventajas para la zona que ha proporcionado la empresa y que sealan que la obra se aprob en 1991, mientras que el Convenio est vigente en Guatemala desde 1997. Hasta mencionan un supuesto programa de conservacin del ave quetzal, muy amenazada en todo el pas.

Pero los magistrados desestiman sus argumentos e incluso condenan a su abogado por notaria improcedencia, al considerar probado que si bien la primera fase RENACE I fue aprobada en 1991, no fue as con las ampliaciones posteriores (hasta cinco fases de RENACE llegaron a aprobarse, si bien una ha sido aparentemente suspendida), cuyas autorizaciones administrativas tuvieron lugar en 2004, 2008, 2013 y 2015, cuando indiscutiblemente el Convenio 169 de la OIT estaba en vigor, pese a lo cual no hubo ninguna consulta a las comunidades. Las realizaciones de las fases II, III y IV han sido realizadas por la empresa espaola Grupo Cobra-ACS.

Por otro lado, el fallo judicial seala que, aun no siendo un convenio internacional retroactivo, si que est probado que los efectos de la decisin tomada sobre la autorizacin tienen an consecuencias y efectos en la vida de los indgenas, lo que supone que el Estado de Guatemala lo est vulnerando en el presente, no en el pasado. Asimismo, se menciona la actual situacin de indefensin de los pueblos indgenas en el pas, segn informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, pese a que su Constitucin recoge imperativo de proteger sus costumbres, vidas y territorios, aspectos que no han sido desarrollados hasta ahora en su legislacin.

Para la Justicia, es fundamental que el Ministerio de Energa y Minas realice todo el proceso y que hubiera hecho un seguimiento las relaciones de la empresa con las comunidades. Es ms, recuerda al Gobierno que de nada sirve sealar que se informe si la informacin no puede ser entendida por los comunitarios y sin siquiera est su idioma indgena, como ha ocurrido.

En este sentido, argumenta, que la consulta no slo debe ser previa e informada, sino tambin de buena fe, sin coerciones ni presiones ni generando divisiones entre las comunidades. La autoridad no aport prueba alguna de un dialogo genuino y representativo. Viol derechos de los indgenas a dar su consentimiento libre e informado, sentencia.

La Corte Suprema obliga al Ministerio de Medio Ambiente a remitir al de Minas y Energa todos los informes de impacto ambiental que tiene sobre RENACE y a iniciar el proceso para una consulta.

Alianza por la Solidaridad y su socia el Colectivo Madreselva, consideran positivo que se reconozca este derecho si bien exigen que, adems de pararse las operaciones y obras, se ponga una fecha y aumente la multa prevista en caso de no cumplirse, al considerarla ridcula: son 2.000 quetzales, apenas 230 euros.

Desde Alianza por la Solidaridad seguiremos apoyando a los pueblos indgenas, visibilizando y prestando asesoramiento ante situaciones de expolio de recursos naturales por inversiones no responsables, como la realizada en el ro Cahabn.  


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