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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-03-2019

Radiografa poltica de la cuestin agraria y territorial

Arturo D. Villanueva Imaa
Rebelin


1. Antecedentes histricos 

Las revoluciones agrarias, lo mismo que las revoluciones sociales, han tenido y se les ha otorgado un fuerte contenido econmico y clasista muy excluyente, asociado exclusivamente a la lucha por el control y apropiacin de la tierra que disputan sectores y clases sociales en conflicto. Siempre ha destacado el nfasis materialista, posesivo y clasista. Es decir, en la generalidad de los casos, se ha ignorado y despreciado las connotaciones culturales, tnicas y territoriales, bajo el argumento que, casi por definicin, las revoluciones agrarias tenan que dejar de lado y superar viejos, intiles e inservibles resabios histricos que impedan el avance, el progreso y la modernidad social, econmica e histrica.

Lo indio, sus culturas y la forma de relacionamiento territorial y con la naturaleza, siempre fueron vistos con desdeo y hasta con una fuerte carga racial, excluyente y discriminadora; como una rmora y una carga intil para el progreso de tipo occidental y capitalista. La antigua carga colonial y colonialista, se reproduca bajo nuevas formas de dominacin y sometimiento.

En el caso de Bolivia, el anlisis histrico tradicional da cuenta que en el pas se ha producido una reforma agraria que coincide con la revolucin nacional de 1952. Es ms, que en consonancia con la significacin transformadora de la revolucin social, la reforma agraria tambin implic profundos cambios en la tenencia de la tierra y un gran avance histrico y social.

Nadie ha logrado percibir que se trat de una revolucin agraria con los ojos puestos en el retrovisor y el pasado, y por tanto conservadora y reaccionaria. Si bien supuso la liberacin de la condicin servidumbral del pongueaje que los terratenientes y las haciendas de corte feudal imponan sobre los indios; en cambio, obstrua las puertas para imaginar y realizar una va alternativa comunitaria, territorial y social, a la fase pro burguesa y capitalista que se instauraba.

Al proceder al fraccionamiento y parcelacin de la tierra para que sta sea entregada en pequeos pegujales particulares (que convertan al indgena en campesino, y a la antigua comunidad colectiva y territorial en propiedades individuales privadas), en realidad lo que se estaba provocando no solo era una nueva embestida histrica contra la lgica andina del ayllu (que conservaba un manejo y relacin territorial con la tierra), sino que contribua a provocar la destruccin de las relaciones comunitarias y culturales (que resguardaban la capacidad de combatir el rgimen de la propiedad capitalista individual que se les impona). Es decir, se anulaba la posibilidad de generar una alternativa al sistema capitalista que, en ese momento, los estaba conduciendo e iniciaba una nueva fase de penurias y empobrecimiento sistemtico debido a la minifundizacin, el fraccionamiento de sus territorios y a la marginacin de los ayllus y las comunidades indgenas respecto del Estado y la economa.

Este fenmeno excluyente se remota hasta la poca de la colonia, y lamentablemente se ha repetido bajo diferentes disfraces salvo en aquel caso del S. XVI, cuando ante la reformas del virrey Toledo se produjo un acuerdo tcito sancionado por la repeticin y la costumbre, y que Tristan Platt dio en llamar un pacto de reciprocidad [1] /. Un pacto por el cual se logra resguardar y proteger nada menos que sus autoridades, sus territorios y su autogobierno. Es decir, un pacto entre iguales donde el Estado reconoce a las autoridades tradicionales de los ayllus, el autogobierno de sus jurisdicciones, y el manejo autnomo del rgimen de tenencia de la tierra, a cambio de una tasa monetaria, prestaciones laborales y otros servicios a las autoridades civiles y religiosas.

Por extrao que pudiera parecer, y a pesar de algunas mutaciones y cambios que se produjeron a lo largo de los aos en la forma y destino de los valores (pero que no cambian en esencia el concepto), se trata de un pacto que muy a pesar de las reformas liberales y la ley de exvinculacin de 1874, e inclusive de la propia reforma agraria de 1953, sorprendentemente se extendi hasta aos recientes en algunos lugares altiplnicos, tal como dan cuenta los hallazgos del propio Tristan Platt o de Silvia Rivera C., segn se puede establecer de estudios etnogrficos e histricos efectuados y que son mencionados en la misma obra.

Estos antecedentes histricos previos a la reforma agraria de 1953, son precisamente las reformas liberales y la ley de exvinculacin comunitaria de 1874. Ellas, al margen de efectuar una reforma tributaria (bajo el argumento de ser ms igualitaria), retirar la llamada moneda feble (que destruy una prspera economa regional y el exitoso mercantilismo agrario cacical que comercializaba los excedentes de maz, trigo y harinas inclusive en mercados vecinos del Per), y efectuar una modificacin al rgimen de tenencia de la tierra; tambin declar abolidas las comunidades y los ayllus, as como desconoci a las autoridades originarias para imponer la individualizacin ciudadana. Es decir, dichas reformas liberales dan lugar al establecimiento hacendal y terrateniente (muchas veces fraudulento, confiscatorio y coactivo como en el caso de la pennsula de Taraqu por ejemplo, al borde del lago Titicaca, donde el Presidente Ismael Montes hizo secuestrar autoridades para obligarles a poner huellas digitales en documentos de transaccin en favor de nuevos hacendados), cuyo dominio y duracin se extendi hasta mediados del S. XX.

Por ello se puede sealar que las medidas liberales de la poca estuvieron indisolublemente relacionadas y claramente dirigidas a hacer desaparecer la propiedad colectiva y territorial de la tierra (mismas que eran detentadas por comunidades, ayllus y markas), con tal de atender la necesidad de abrir el mercado a la libre circulacin de la tierra, pero sobre todo para dar lugar a la constitucin del latifundio y la propiedad individual de la tierra.

Ahora bien, como los hechos no se producen en forma unidireccional, aquellas reformas liberales provocaron a su turno la reaccin y resistencia indgena. Primero con el surgimiento de apoderados reconocidos por el Estado para gestionar demandas que, aunque dieron lugar tambin a la aparicin de falsos representantes que fraguaron contratos y contribuyeron a la fragmentacin de los ayllus y la prdida de extensos territorios, tambin origin importantes movimientos de reconocimiento y reconstitucin territorial que persisten hasta hoy. Un ejemplo emblemtico es la Marka Quila Quila de la nacin Qhara Qhara, que actualmente est interpelando al estado plurinacional de Bolivia, precisamente para que se cumplan y apliquen sus derechos territoriales, polticos y de autonoma. Luego, posteriormente, tambin se expres en la guerra federal y la rebelin indgena de 1899. En ella se enfrentaron la oligarqua industrial del norte contra la clase latifundista enclavada en el sur, y Pablo Zrate el Willca [2] /, lder y cacique histrico de la regin andina altiplnica del pas, se ala con el general Pando, apoyando a las tropas federales del norte que finalmente terminan triunfando y desplazando a los conservadores; pero con el aadido de que tambin traicionan la alianza con los indgenas, cuyos lderes inclusive son asesinados para dar lugar a un largo proceso de recomposicin y acumulacin de fuerza.

Para ello tiene que pasar una dcada hasta la rebelin de 1921, cuando junto a las luchas que los enfrentaron contra los hacendados, el ejrcito, las autoridades administrativas y judiciales de las provincias, y hasta los vecinos mestizos de los pueblos; surge nuevamente una red de caciques apoderados que aun cuando no logr revertir la usurpacin de tierras y la formacin de grandes latifundios, en cambio s pudo detener su avance y preservar de la voracidad oligrquica a varios ayllus y markas que posteriormente buscaron su reconstitucin y el reconocimiento del Estado.

La reforma agraria de 1953 por tanto, y vistas de esa manera las cosas, no es precisamente un hito revolucionario. Todo lo contrario, representa un golpe ms a la larga intencin liberal, republicana y capitalista (de carcter colonial), de terminar de destruir y hacer desaparecer los ltimos resquicios territoriales y colectivos que se haban resistido y todava persistan en comunidades y ayllus indgenas. Se trata de un nuevo intento para dar paso a la tan ansiada apertura del mercado de tierras, la propiedad privada, la homogenizacin y la monoculturizacin de la sociedad a travs del mestizaje y la ciudadanizacin (va campesinizacin de los pueblos y comunidades indgenas). En el caso de las tierras bajas y sus pueblos indgenas (cuya relacin con el Estado y la sociedad dominante no haban alcanzado un grado de relacionamiento y resistencia tan marcados como en la regin andina), la reconstitucin latifundista y la neocolonizacin territorial que se extendi a partir de la reforma agraria del 53, dio lugar dramticamente a la agudizacin de las condiciones de servidumbre y semiesclavitud por deudas que se imponan en las barracas y los grandes latifundios, a presiones territoriales que buscaron el exterminio fsico y cultural, y al sistemtico arrinconamiento de las comunidades indgenas hacia los lugares ms alejados de la geografa nacional.

As como en la fase del liberalismo, la repblica decidi sacrificar el mercado interno y el pujante mercantilismo cacical con tal de sobrevivir como casta hacendal y oligrquica dominante; as tambin con la reforma agraria nacionalista de 1953, se vuelve a asestar otro golpe (va campesinizacin, homogenizacin cultural y marginalizacin excluyente), destinados a hacer desaparecer lo que se consideraban los ltimos resquicios indgenas que aun persistan en el territorio nacional, para sustituirlos y someterse a un agente externo representado por los intereses privados internacionales.

2. La cuestin agraria y territorial en la actual coyuntura  

Ahora bien, todo este proceso de exclusin, destruccin y marginalizacin histrica que busc la desaparicin (cultural y fsica) de los pueblos y comunidades indgenas en el pas, se supone que se trataba de un asunto que haba sido superado con el establecimiento del Estado Plurinacional y la vigencia de la nueva Constitucin Poltica emergente de la Asamblea Constituyente; la misma que haba sido convocada precisamente para resolver estos problemas de ntima raz colonial y colonizante.

Penosamente y muy a despecho de lo que se esperaba, pero sobre todo de lo que efectivamente constituye un mandato popular y constitucional establecidos y aprobados nada menos que en una Asamblea Constituyente; la problemtica agraria y territorial no solo forma parte de las continuidades y aquella mirada de larga duracin que pervive en la memoria histrica de los pueblos indgenas del pas, sino que est sufriendo un gravsimo proceso regresivo y reaccionario, que a ms de 13 aos de gobierno es inocultable.

Al efecto, la marcha de la Nacin Qhara Qhara de la regin andina del pas y de los 11 pueblos indgenas de las tierras bajas [3] / que se encuentran gravemente afectados por avasallamientos ilegales y la amenaza de instalar y construir grandes megaobras en sus territorios, es una muy fuerte interpelacin al Estado Plurinacional, pero tambin representa la recuperacin de su memoria histrica y de las luchas de resistencia que han tenido que enfrentar desde el periodo colonial. Para quien quiera realmente entender, esta Marcha que habiendo partido de Sucre, la capital nacional, con rumbo a la sede de gobierno hace ms de 30 das, est poniendo en jaque las bases mismas de este rgimen que ofreci cumplir el mandato popular y Constitucional, y est haciendo todo lo contrario.

La imposicin del modelo desarrollista y salvajemente extractivista que impulsa, da cuenta de un proceso sistemtico de exterminio y destruccin de los pueblos indgenas, del campesinado y de la propia naturaleza. Hay que tomar que cuenta que fuera de las extensas regiones y reas tradicionales de exploracin y explotacin minera e hidrocarburfera que ya existen a lo largo y ancho del pas, se ha decidido ampliar y abrir tambin las reas protegidas y los territorios indgenas a la voracidad extractivista. Se las justifica como nuevas zonas donde se pretende seguir explotando y enajenando los recursos naturales del pas, as como reas para instalar y construir megaobras y gigantescos proyectos de infraestructura de cuestionable rentabilidad, que al margen de dar lugar a un millonario endeudamiento nacional por dcadas, implicar graves consecuencias de destruccin de la naturaleza, la expulsin y reasentamiento obligado de muchas comunidades indgenas, as como graves efectos de contaminacin, prdida de biodiversidad y riesgos de desastre, como ya se han reportado en obras similares de otros pases vecinos y con las mismas empresas (chinas) contratadas.

Los casos no son pocos y tampoco aislados. Se trata de la carretera por medio del TIPNIS que ha desnudado la impostura indigenista del rgimen; las represas hidroelctricas de El Bala y Chepete en el norte del departamento de La Paz; la represa de Rositas en Santa Cruz; el proyecto Ivirizu en el parque nacional Carrasco que ya ha reportado una grave y extensa deforestacin de la zona; el proyecto hidrocarburfero en la Reserva de Tariqua en el departamento de Tarija; el proyecto agro industrial azucarero de San Buenaventura que habiendo provocado ya una extensa deforestacin de tierras y bosques que no son aptas para la introduccin de caa, tiene previsto ampliar semejante desastre a varias decenas de miles de hectreas ms; el proyecto de produccin de etanol que supone una nueva ampliacin de la frontera agrcola y la quema y chaqueo de extensas reas, con el nico propsito de beneficiar a los sectores agroindustriales y terratenientes, nada menos que para alimentar motorizados y vehculos, en vez de que semejante esfuerzo y recursos puedan dirigirse a la cada vez ms crtica inseguridad y falta de soberana alimentarias que sufre y reclama el pueblo.

A todo ello se suman las actividades mineras de gran envergadura, pero tambin de carcter informal y hasta ilegal que se encubren como actividades cooperativistas, que estn provocando enormes estragos de contaminacin y destruccin de la naturaleza en los ros amaznicos y yungueos para extraer oro. Tambin se trata de actividades que ya incursionaron inclusive en los glaciares como el nevado Illimani de La Paz, o lejanas comunidades en el departamento de Potos. Es el caso de la mina San Cristobal, perteneciente a transnacional corporativa Sumitomo, que extrayendo ganancias calculadas en mil millones de dlares anuales, no solo ha tenido que trasladar de lugar a toda una comunidad rural (incluida su iglesia), sino que utiliza ingentes cantidades de agua [4] / que terminan provocando (en ambos casos mencionados) serios y graves problemas de prdida y contaminacin de aguas superficiales y subterrneas, que son tan crticas para la vida y supervivencia de todos los seres.

Como si ello no fuera suficientemente grave, en el plano agrario y forestal tambin se ha desatado una sistemtica campaa de avasallamiento e instalacin fraudulenta de asentamientos ilegales y trfico de tierras que tienden a generalizarse en los territorios indgenas, las reas protegidas, las reservas forestales y las reas de proteccin con elevado valor ecolgico y biogentico.

El problema es que se trata de un proceso paulatinamente legitimado por instancias y autoridades del Estado llamadas a proteger y cumplir lo que determina la normativa agraria e inclusive Constitucional. Sin embargo, a ttulo de sanear y proceder a la titulacin de tierras, se han dado a la tarea de repartir discrecionalmente y otorgar derechos individuales, pero a costa de convalidar avasallamientos y asentamientos ilegales, as como de afectar los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio. Lo hacen nada menos que legitimando ocupaciones ilegales y fraudulentas en las llamadas tierras fiscales disponibles que fueron identificadas como resultado de un largo proceso de saneamiento que, de acuerdo a la ltima extensin de plazo aprobada en la ley 429 de 2013, tendra que haber concluido en octubre de 2017. Es decir, adems estn actuando ilegalmente al margen del plazo establecido en norma.

La trama para que suceda esto ha tomado aos. Y es que urgidos por la presin campesina y especialmente colonizadora (mal llamada intercultural) para acceder a la tierra, pero tambin comprometidos con la alianza poltico-econmica establecida con los sectores terratenientes y agroindustriales del oriente; el gobierno y estos actores corporativistas aliados encontraron y rompieron finalmente el eslabn ms dbil para resolver y paliar tan enormes intereses encontrados. En vez de proceder a la reversin de tierras de los grandes latifundios improductivos de terratenientes y empresarios agroindustriales que especulaban con la tierra [5] /, identificaron a los territorios indgenas, las reas protegidas, las reservas forestales y otras reas de disponibilidad fiscal resultantes del proceso de saneamiento, como los lugares donde se poda dotar y entregar derechos privados sobre la tierra, solo que a costa de afectar gravemente y desconocer los derechos colectivos, preferenciales y preconstituidos de los pueblos indgenas, as como los derechos ambientales y ecolgicos de la poblaciones circundantes.

Es por esta razn que se entiende plenamente el verdadero sentido prctico que se ha dado a la Ley contra el avasallamiento y el trfico de tierras (477 de 2013), porque es la clara muestra de un instrumento normativo que siendo que debera servir para evitar y proteger de dichos actos ilegales y abusivos (principalmente de zonas y reas estratgicas de servicio ambiental, ecolgico y de biodiversidad, as como de derechos colectivos y territoriales de los pueblos indgenas); en realidad termina sirviendo exclusivamente para proteger y resguardar los intereses econmicos particulares de los terratenientes, los grandes empresarios agroindustriales, e inclusive extranjeros que se apropiaron y apoderaron de grandes extensiones de tierras.

En una perspectiva de la larga memoria histrica que es caracterstica de los pueblos indgenas, se puede sostener que dicha trama corresponde a una especie de restablecimiento espreo y bastardeado de aquel pacto de reciprocidad colonial post toledano, pero que en este caso implica nada ms que un intercambio de favores, con el propsito de aniquilar y terminar de destruir a los pueblos indgenas, a los propios campesinos, y a la naturaleza.

Ms precisamente, es la conformacin de un consorcio corrupto (muy similar al que se ha identificado en la justicia entre policas, jueces y fiscales), siendo que en este caso lo componen funcionarios y entidades gubernamentales encargadas del proceso de saneamiento por una parte, y por otra dirigentes cooptados y organizaciones campesinas y colonizadoras que se han dado a la tarea de convertir el saneamiento de tierras, en una forma de delinquir, avasallar ilegalmente, contribuir a la destruccin y exterminio de los pueblos indgenas y la naturaleza, y encontrar una manera de acceder fraudulentamente a la tierra para especular. A cambio, dada la importancia numrica y electoral de estos sectores, el gobierno se asegura de recibir el respaldo social que requieren para reproducirse en el poder indefinidamente.

Aquello que en la colonia tuvo el mrito de proteger y conservar la autonoma jurisdiccional de los pueblos indgenas y sus ayllus, as como de sus propios sistemas de gobierno y la tenencia de la tierra; ahora tienen exactamente el avieso propsito contrario. Se ha impuesto un corporativismo individualista de carcter sindical y clientelar, como modo principal de distribucin y acceso a la tierra.

Corroborando lo sostenido, hay que recordar que dichas organizaciones campesinas e indgenas, junto a sus dirigentes cooptados, deciden el nombramiento de autoridades tiles y comprometidas a sus intereses (ABT, INRA, Viceministerio de tierras). Han exigido y reclamado la anulacin de parques nacionales y Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), como es el caso del Madidi o la TCO Leco. Tambin han promovido y efectuado avasallamientos y asentamientos ilegales como el caso del Territorio Indgena Multitnico (TIM) en el Beni, o la reserva natural de Tucabaca en la Chiquitana del departamento de Santa Cruz. No han limitado esfuerzos y gestiones que abogaron por la legalizacin de avasalladores ilegales y la extranjerizacin de grandes extensiones de tierra, como en el caso de los menonitas en la regin forestal de Rio Negro en el Beni; e inclusive ahora no dudan en reclamar por la introduccin de transgnicos y el uso indiscriminado y extensivo de agroqumicos, que entraan tan graves problemas de dominacin colonial y destruccin de la naturaleza.

Lo que no parecen percibir, es que este consorcio corrupto, constituye tambin una punta de lanza de la propia destruccin del campesinado y los colonizadores tal como los conocemos. Al asociarse y buscar asemejarse al tipo de produccin empresarial de monocultivo extensivo, dejan de producir en forma diversificada, y se convierten en eslabones dependientes de la cadena del valor que responde a un proceso de terciarizacin de la produccin agrcola. De esa forma, se convierten cada vez ms en dependientes de la demanda de los supermercados y los grandes intereses comerciales. Por atender el espejismo de la acumulacin y la riqueza, as como de la esperanza de mejorar las ganancias que provienen de la imagen exitista de empresarios y grandes intereses comerciales, pierden la lgica de produccin y el trabajo comunitario, pierden el control y manejo diversificado de las semillas, y pierden el control del mercado y la comercializacin de los productos. Se quedan esperando recibir mejores ingresos, cuando en realidad solo contribuyen a la acumulacin de riqueza de unos pocos de los que dependen y cubren su demanda.

Resultado de ello, en el mejor de los casos, tendern a convertirse exclusivamente en productores mercantiles abastecedores de los supermercados y (quizs) de las grandes cadenas comerciales. Sin embargo, es claro que la mayora terminarn como asalariados servidumbrales o semiesclavos de las empresas agroindustriales y los terratenientes, tal como en gran medida sucede con zafreros, recolectores de castaa, o pequeos campesinos reducidos a la propiedad individual de minsculos lotes de tierra. Su condicin habr pasado de ex campesinos y colonizadores comunitarios, a productores agrcolas individuales, pero dependientes y sometidos a la produccin mercantil. Sin campesinos no hay seguridad ni soberana alimentaria; pero si esos campesinos se convierten en productores comerciales a los que solo les interesa los ingresos y la ganancia, entonces habrn perdido su cualidad esencial que consiste en resguardar y controlar la diversidad gentica de las semillas, garantizar la diversidad productiva y ecolgica, as como reproducir el trabajo y la produccin comunitaria.

En resumen, se puede afirmar que busca imponerse una visin desarrollista y extractivista de la tierra, que fortalece la iniciativa individual y la concentracin de oportunidades en pocas manos, en desmedro de las iniciativas colaborativas, comunitarias y asociativas que caracterizaban tradicionalmente a las comunidades campesinas e indgenas.

Se ha retrocedido tanto que los pueblos indgenas se conformaran con el cumplimiento del derecho a la consulta y participacin consagrada constitucionalmente, cuando en realidad deberan estar trabajando y teniendo todos los medios disponibles facilitados por el Estado, para ejercitar y cumplir su derecho a las autonomas, sus territorios, la autodeterminacin, y a implementar su propia visin de desarrollo.

En fin, todo este proceso desarticulador, no solamente est poniendo en juego la desaparicin y destruccin material de los territorios, de los propios pueblos indgenas y las comunidades campesinas, y la misma naturaleza, tal como hemos tratado de desmenuzar y explicar a lo largo del ensayo. En el fondo, la imposicin del modelo salvajemente extractivista y desarrollista de claro ancestro colonial, lo que est poniendo en riesgo es tambin la desaparicin de un modo de vivir y relacionarse armoniosamente con la naturaleza, que a su turno constituye el ms viable paradigma alternativo al sistema. Al procederse con este impulso destructivo de la comunidad como forma de vida y como lgica de relacionamiento armonioso con la naturaleza, lo que sucede es que no solo se tiende a provocar un etnocidio y ecocidio, sino que se socavan las bases mismas de proteccin y resguardo de la vida y las bases materiales mismas del modelo/sistema de modernidad que se pretende imponer. Es ms, el histrico y recurrente intento por romper la lgica indgena de control territorial y manejo comunitario del espacio y los recursos, tambin implica el intento de ruptura de su proyecto histrico, para ser sustituido violentamente por una nueva lgica de claro contenido colonial. Adems, al imponerse a la fuerza (tal como se ha descrito a lo largo del texto), se rompe una forma propia de ocupacin, transformacin y manejo del espacio, ante el asalto avasallador propiciado y legitimado por el Estado (que en este caso ya no es el antiguo liberal o republicano, sino que se trata del Estado Plurinacional constituido a travs de la aprobacin de la nueva Constitucin Poltica del Estado el ao 2009).

Tal es el grave problema que atraviesan hoy los pueblos indgenas y las comunidades campesinas, que la ofensiva de asedio y amenaza que entraan su eventual desaparicin, es comparable a lo sucedido con aquella Marcha por la Vida encabezada por el proletariado minero, que dirigan las emblemticas organizaciones nacionales de los trabajadores de todo el pas, como fueron la COB y la FSTMB. Aquel dramtico acontecimiento histrico que supuso nada menos que la derrota material e ideolgica del proletariado nacional, as como su dispersin, relocalizacin y prdida de sus fuentes de trabajo, fue ordenado nada menos que por el mismo Victor Paz Estenssoro, quien tambin haba firmado la reforma agraria de 1953. En 1986, cuando se produjo el cerco militar y las amenazas de bombardeo que fueron efectuadas con aviones de caza de la Fuerza Area Boliviana, encabezaba un rgimen neoliberal cuyos gobiernos se extenderan hasta inicios del siglo XXI, sobre la base de un programa desideologizador que pretendi hacer desaparecer todo vestigio marxista y de izquierda en el mundo. Al dar por concluida la guerra fra y producida la cada de los regmenes del socialismo real en varios pases de Europa del este y la repblica sovitica, la idea fue declarar el fin de la historia y el surgimiento de un nico rgimen imperial dominante, representado por el neoliberalismo global que en el caso de Bolivia tuvo como consecuencia la completa destruccin ideolgica del proletariado y sus organizaciones matrices como la COB y la FSTMB que, como efecto de tal proceso, hoy se encuentran en un estado tan deplorable de sumisin, falta de independencia y sometimiento frente al poder de turno, que es imposible imaginarse mayor traicin de sus propias causas y luchas.

En el caso de los pueblos indgenas y las comunidades campesinas, la coyuntura actual presenta el mismo riesgo de desaparicin y destruccin, siendo que paradjicamente se trata de aquel nuevo actor protagnico y referente territorial y cultural que haba surgido precisamente en los mismos aos cuando aquella vanguardia poltica del pas era derrotada y dispersada por la embestida neoliberal de la poca. No hay que olvidar que la primera Marcha Indgena por el Territorio y la Dignidad de inicios de los aos 90, posicionaba en el espectro nacional un nuevo concepto y un nuevo protagonista social, de tipo territorial y no clasista (como haba sido la caracterstica esencial de los actores protagnicos de las luchas pasadas), que contribuy a reinventar la resistencia y las causas histricas populares del pas a partir de entonces.

3. Qu hacer?

Plantear una propuesta alternativa al sistema dominante que impera, siempre ha sido entendido como un acto subversivo, extremista y utpico (sobre todo porque se lo ha asociado y se ha tenido miedo a que invariablemente suponga actos violentos de enfrentamiento, pero tambin porque se tiene internalizada socialmente una especie de chip de rechazo y antipata a todo lo que se entiende como subversivo, izquierdista y, peor, marxista).

Por eso se explica que una buena parte de la gente y el propio sistema internacional hayan optado por patear la pelota hacia adelante, para librarse de la responsabilidad de asumir y poner en marcha las medidas que corresponden frente a semejante peligro. Sin embargo, el mundo est tan caliente (literal y figurativamente), que ya es imposible de soportar, salvo a riesgo de asumir la completa desaparicin de la vida tal como la conocemos de manera integral.

Entonces, sin aspaviento alguno, solo queda abordar el asunto con sinceridad y honestidad intelectual. Y en el caso de Bolivia, resulta claro que dadas todas las circunstancias histricas y coyunturales que se han analizado, no sera suficiente con emprender iniciativas destinadas a evitar la desaparicin material de los territorios, las reas protegidas, los pueblos indgenas, las comunidades campesinas y la propia naturaleza. Es absolutamente indispensable defender, proteger y preservar el modo de vida, la lgica y las prcticas comunitarias de relacionamiento con el territorio, as como la cosmovisin y el modo de relacionarse armoniosamente con la naturaleza que todava es posible encontrar en las comunidades y pueblos indgenas. All se encuentran tanto las respuestas para resolver los graves problemas de nuestra sociedad, la oportunidad para saldar todas las deudas histricas y sociales acumuladas, as como una alternativa viable y factible frente al sistema imperante y el propio modelo salvajemente destructivo y extractivista que pretende extenderse hasta acabar con el pas.

En ese sentido, un respaldo decidido a la causa, la lucha y las movilizaciones de resistencia que estn representados en la marcha de la nacin Qhara Qhara y los 11 pueblos indgenas afectados por actividades extractivistas, de avasallamiento ilegal y construccin de megaobras, constituye una obligacin indispendable, si efectivamente se busca defender y proteger la vida, la naturaleza y los derechos de los pueblos indgenas.

No hacerlo equivaldra a repetir el mismo libreto internacional que contina eludiendo su responsabilidad y hacindole el quite a la obligacin de resolver los gravsimos problemas de cambio climtico y destruccin de la naturaleza que entraan las polticas y modelos de carcter extremadamente consumista y extractivista que el sistema capitalista predominante impone.

Notas:

[1] / Platt, Tristan., Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el Norte de Potos. 2 edicin. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2016.

[2] / Ver: Condarco Morales, Ramiro., Zrate el temible Willca. Historia de la rebelin indgena de 1899. 4 edicin. Ed. El Pas. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 2011.

[3] / Para un acercamiento al significado de la Marcha del pueblo indgena Qhara Qhara, Ver: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=252893&titular=la-marcha-de-la-naci%F3n-qhara-qhara-y-de-los-11-pueblos-ind%EDgenas-

[4] / Se calcula que en 20 aos de contrato se utilizarn 292 millones de metros cbicos de agua(!), y que el consumo de agua de esa sola mina, que alcanza a unos 35.000 metros cbicos por da, supera varias veces y con creces, todo el consumo de toda la ciudad de Potos.

[5] / Un caso emblemtico al respecto es el referido al latifundio denominado como Bolibras de 100.000 has. de superficie. Por su localizacin y extensin cumpla un rol estratgico en la regin de la reserva forestal de Guarayos en el departamento de Santa Cruz a mediados de los aos 90 cuando se destap. La propiedad resultante de una otorgacin ilegal y de abuso de poder en favor de un ex ministro del gobierno de Banzer, termin siendo revertida al dominio del Estado como resultado del escndalo provocado. Sin embargo, actualmente se sabe que la tierra ha sido distribuida, pero se desconocen los destinatarios finales de la propiedad, y tampoco se ha transparentado el proceso seguido para su correspondiente adjudicacin, siendo que se trata de un ejemplo que debera servir como precedente de un grave hecho inadmisible e ilegal.

Arturo D. Villanueva Imaa. Socilogo boliviano, Cochabamba.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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