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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-08-2018

El nuevo escenario cataln

Antonio Antn
Rebelin


El fracaso de la construccin inmediata de una Repblica independiente catalana refleja una realidad desigual entre el Estado espaol y el bloque independentista en relacin con la capacidad respectiva de poder y de legitimidad democrtica. Esa ofensiva fallida en la implementacin operativa de un Estado propio, ahora se reinterpreta como un ensayo general del que extraer enseanzas tcticas. Dicho de otra manera, la lite independentista ha cometido un error de apreciacin de la relacin de fuerzas y de estrategia poltica, basadas en su (supuesta) capacidad de imposicin unilateral de la independencia. Para el independentismo la nueva etapa consiste en mantener esa retrica y ese emplazamiento de confrontacin junto con una gestin ms comedida, con un equilibrio no fcil, hasta otra fase en que est ms claro el desequilibrio ventajoso en la relacin de fuerzas, de legitimidad democrtica y de capacidad de poder, para acceder a un Estado propio.

Los ltimos hechos indican, por un lado, la persistencia de su objetivo de implementar un Estado independiente y, por otro lado, una evaluacin ms realista de sus dificultades y un camino ms operativo y menos frustrante. Tras el cambio de clima poltico del nuevo Gobierno socialista y su oferta de transitar hacia una frmula intermedia y gradual, se trata de analizar la posibilidad de andar cierto trecho del camino hasta otra etapa por determinar por todas las partes.

Supone un reajuste de diagnsticos y estrategias, as como una adecuacin a los intereses electorales a corto-medio plazo (elecciones municipales y generales) a reforzar por cada parte, en este nuevo proceso dialogado, de emplazamiento discursivo y forcejeo de poder. Puede durar hasta, al menos, alumbrar un nuevo Gobierno estatal, tras las prximas elecciones generales, y una nueva configuracin del poder municipal, sobre todo en Catalua, con el Ayuntamiento de Barcelona como smbolo e institucin de referencia.

El irrealismo independentista

Empiezo por el componente idealista. El bloque independentista tiene una gran base estructural de poder institucional, econmico y cultural. Sin embargo, la confianza desmedida en el efecto poltico-prctico de la decisin jurdica unilateral del Parlament, sobre la base de un poder fctico propio ya constituido, pero con soberana limitada, ha devenido en una sobrevaloracin de la capacidad de ambos mbitos, formal y de poder, para construir la Repblica independiente. Ms claramente, cuando la legitimidad democrtica como mayora parlamentaria era mnima y como mayora social insuficiente. 

Por tanto, ha habido una sobrevaloracin de la capacidad operativa de las formas jurdicas para implementar un proceso real de secesin y culminar la construccin de un poder estatal independiente. El bloque independentista ha dado por supuesto que este ltimo ya estaba (casi)constituido a falta de la formalidad jurdica soberana, infravalorando la capacidad real del poder estatal, sus instituciones, incluido el poder judicial y las fuerzas de seguridad, as como sus vnculos europeos y econmico-financieros. Pero, adems de la sobrevaloracin de su (contra)poder y sus ventajas en la relacin de fuerzas con el Estado, su principal error (interesado) ha sido la infravaloracin de su limitada legitimidad ciudadana, escondida tras la sobrevaloracin del relativo xito de la consulta del 1-O como movilizacin social masiva. Es decir, se ha producido una desconsideracin de la oposicin social de casi la mitad de las personas catalanas. Ello conlleva una escasa valoracin del pluralismo y la gestin intercultural o nacionalmente transversal.

En ese contexto, y aun tenido una base de poder y de legitimidad significativas, la intensificacin discursiva y movilizadora del bloque independentista tambin ha demostrado sus lmites fcticos y democrticos para extender su hegemona a travs de este proceso e imponer unilateralmente un Estado independiente.

Adems, adelantan la tarea de articular un nuevo procs sin renunciar al objetivo estratgico de la independencia, incluso unilateral, modulando las tcticas y los ritmos. Por un lado, acumulando ms fuerzas fcticas, intentando autonomizar ms la gestin del aparato institucional, incluido el de las fuerzas de seguridad -Mossos- y el meditico -TV3-, y un mayor control econmico; y, por otro lado, incrementando su legitimidad democrtica, con nuevos emplazamientos discursivos y/o de dilogo, con la finalidad de conseguir una mayora social cualificada y la absorcin de otros sectores prximos como los comunes.

En el fondo, es la reedicin de la misma estrategia fracasada, sin que la nueva etapa de dilogo con el Gobierno socialista pueda hacerla permisible o engaarlo astutamente con esa finalidad. Es decir, los avances en el clima poltico y la gestin autonmica, as como sobre aspectos estructurales, como la mejora de la financiacin autonmica y mayores competencias estatutarias estn envueltas en el choque-dialogado por superar dos situaciones que explican el relativo estancamiento. Por un lado, la persistencia del actual bloqueo de poder, asimtrico a favor del Estado, pero con mltiples resortes del Govern. Por otro lado, el empate representativo en la sociedad catalana.

El resultado es el desarrollo de esos dos proyectos contrapuestos: ganar poder y ganar legitimidad social, con un doble objetivo. Uno, independizar gradualmente el poder de la Generatitat (para que las decisiones jurdicas y parlamentarias sea ms operativas), frente a la reaccin consiguiente de reforzar el poder del Estado de derecho con reformas sociales y democrticas. Dos, conformar nuevas mayoras a travs de la socializacin o nacionalizacin intensa (en un sentido u otro) para garantizarlos.

De mantener el bloque independentista esa intencin de construir un Estado propio, con la amenaza de la imposicin unilateral, con las variables actuales no habra una base estable social e institucional a medio plazo, al menos hasta la realizacin de una consulta clara, hoy desechada por la amplia mayora parlamentaria del PSOE, Cs y PP.

Por otra parte, en Catalua se ha roto un consenso muy amplio y de larga trayectoria desde la transicin poltica. Es el llamado catalanismo basado en el autogobierno definido en el Estatut, que se rompi con el bloqueo a su reforma soberanista, muy mayoritaria en la sociedad y en el Parlament y el Congreso, por parte del PP y el Tribunal Constitucional en el ao 2010, fuente del actual conflicto. En esa centralidad catalanista-autonomista han existido tendencias ms o menos moderadas y nacionalistas (CIU/ERC) o ms o menos progresistas, federalistas o soberanistas (PSC/PSUC-ICV/En Com Podem). Ha habido un pacto institucional o compromiso histrico, gestionado hegemnicamente por la derecha nacionalista (CIU) y, ocasionalmente, por el tripartito progresista y transversal en lo nacional (PSC/ERC/ICV).

No obstante, ese equilibrio est agotado y no vale la simple reedicin de ese pacto entre las izquierdas y las derechas catalanas, tal como parece que quieren Snchez e Iceta. En primer lugar, por la pugna rupturista de los dos bloques extremos, dirigidos por las derechas neoliberales respectivas (Arrimadas/Rivera/Casado y Torra/Puigdemont), gestoras de la reciente involucin social. En segundo lugar, porque la solucin a la fuerte crisis social y territorial conlleva un acuerdo razonable e intermedio en lo nacional, en el que mejore socialmente una amplia mayora ciudadana. Es un camino de acercamiento que los sectores ms realistas de ambos campos empiezan a considerar, pero est necesitado de una mayor relevancia de una agenda social sustantiva. Sin embargo, a ello se opone el neoliberalismo de ambas derechas, todava ms mientras puedan utilizar el pretexto de que afrontan la crisis social con ms nacionalismo de cada parte.

Junto con el bloqueo de las capacidades de poder de ambos bloques principales, el sentido de la realidad de su prctico empate social y electoral en que se ha dividido la sociedad catalana o, mejor, su clase poltica, se va imponiendo. La dinmica de deshielo y el comienzo de dilogo iniciado a raz del nuevo gobierno socialista de Snchez, con los apoyos del grupo confederal de Unidos Podemos-En Marea-En Com Podem y las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas, ha abierto un nuevo escenario, sobre la base del equilibrio actual: insuficiente capacidad fctica (institucional, econmica, internacional, meditica) y democrtica (mayoras ciudadanas amplias) para imponer la independencia de forma unilateral; dificultad para la simple normalizacin institucional con significativa deslegitimacin del continuismo estatal y deseo cataln mayoritario de mayor autogobierno y articulacin democrtica.

Con el antagonismo poltico-institucional (casi) absoluto solo cabe ganar o perder, vencer o ser vencido. La intensificacin del conflicto, con la dinmica de accin-reaccin, es el mtodo de los aspirantes a vencedores para someter o marginar a los vencidos. Ha terminado la etapa de la Declaracin Unilateral de independencia (DUI), para hacerla efectiva de forma inmediata, as como la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin con la suspensin de la Generalitat. La nueva etapa parte de la constatacin de los equilibrios de poder existentes y su continuidad, incluido los procesos judiciales.

La amenaza retrica independentista no es suficiente para modificar esa relacin de fuerzas, al menos a corto plazo, aunque tenga otras funciones de cohesin del bloque, liderazgo de un grupo dirigente y erosin de la legitimidad contraria a largo plazo. El bloque estatalista del PP y Cs, con exhibicin de su poder, casi solo ha utilizado un relato plano: la instrumentacin de su poder bajo su interpretacin de la ley vigente, el aval a la judicializacin en vez de la poltica, el dilogo o la retrica argumentada.

En una sociedad diversa como la catalana con una mayoritaria corriente social intermedia, mixta o transversal (en torno al 70%) en su actitud identitaria catalana-espaola e hispano-catalana la polarizacin entre los dos bloques polticos extremos tiende a imponer una dinmica para reducir los campos intermedios y mestizos a uno de los dos ms puros u homogneos: el cataln(antiespaol) o el espaol(anticataln). De momento no se han conformado dos comunidades diferenciadas, cerradas y antagnicas. Hasta ahora, a pesar de la gran crispacin poltico-meditica y conatos de conflicto civil, la fractura es, sobre todo, poltica y no convivencial, promovida por las lites institucionales de cada lado. Con esa divisin se pretende reducir la diversidad y forzar cada identificacin nacional mixta en posicionamiento poltico-institucional instrumental definido hacia uno de los dos campos: Estado independiente o Estado espaol.

La trayectoria de polarizacin nacional-institucional ha tocado techo

Esa trayectoria de confrontacin nacionalista-institucional ha tocado techo. Los principales actores mantienen sus objetivos. Pero, tras el bloqueo a la independencia efectiva, con la demostracin de la capacidad de coercin del Estado y la constatacin de la legitimidad paritaria de ambos bloques, se ha iniciado una nueva etapa, con un distinto clima poltico: el dilogo, la tregua tctica o el aplazamiento de los choques frontales estratgicos frenan esa dinmica perversa y favorece un contexto menos dramtico para la bsqueda de unas condiciones y acuerdos, al menos, parciales, transitorios e implcitos.

Por tanto, es difcil que, a corto plazo, se modifiquen las principales claves de poder y legitimidad, los proyectos de articulacin territorial y social y las alianzas. Pero, cules son las estrategias de progreso para modificar el statu quo, con una ventaja relativa en la legitimidad representativa y respecto de la capacidad de poder.

En primer lugar, como primer paso de distensin y/o nueva acumulacin de fuerzas, es importante la desactivacin de la tensin poltica y ciudadana, promover pequeos aunque relevantes desplazamientos cvicos electorales (el marco de las elecciones municipales es distinto al de las autonmicas), institucionales (va a ser relevante el control del Ayuntamiento de Barcelona y la configuracin de los grandes ayuntamientos de su rea metropolitana) y de movilizacin social de base y expresiva en el campo social y el nacional. No todo es conflicto o forcejeo; es preciso retomar los puntos intermedios de entendimiento que gozan de un consenso amplio, establecer treguas y aparecer como portadores del inters comn.

Supone, por un lado, que cada parte, mantiene similar retrica (Repblica catalana o unidad estatal, aun con reformas constitucionales) y una competencia abierta, electoral y de legitimacin. Y cada actor se plantea cmo ensanchar su respectiva base social, los acuerdos polticos posibles y, sobre todo, cul es la fuerza dirigente dentro de cada bloque y en la conformacin de nuevas alianzas, junto con el debilitamiento de los competidores.

O sea, entramos en un escenario, al menos hasta las elecciones municipales y, ms tarde, las generales donde la prioridad poltica de cada fuerza es de competencia, de intentar colocarse como fuerza hegemnica en los acuerdos con los grupos ms afines que expresen un proyecto legitimador y clarificador de mayoras suficientes (60% de la poblacin, dos tercios del Parlament), y siempre explorando sacar ventajas relativas. Pero, por otro lado, existe la pugna soterrada, discursiva y prctica, de relato y gestin poltica e institucional, por ejemplificar el mejor proyecto para la gente, la representacin del inters general de la ciudadana (o del pueblo) y la superacin del bloqueo existente, particularmente en lo social.

En el medio o largo plazo, por parte nacionalista, siendo consciente de haber tocado techo en apoyos sociales, acarician el objetivo de conseguir esa supremaca electoral con el propio autodesarrollo, es decir, consolidando su tarea de homogeneizacin cultural, prcticamente de una generacin, utilizando los resortes institucionales, educativos y mediticos. Ello sin contar otras variables sociopolticas, econmicas y demogrficas (desarticulacin de la UE, nueva crisis social y econmica, inmovilismo o reaccionarismo del Estado, aunque el mito de su irreformabilidad se ha debilitado, socializacin a gran escala de la poblacin no autctona). Pero, para ello deben neutralizar los sectores intermedios representados hoy por los comunes o el PSC o, bien, negociar con ellos unas condiciones y un ritmo compartidos, al menos para un periodo ms extenso, con el aplazamiento de la construccin de la repblica o la imposicin prctica de la independencia unilateral.

Por tanto, conviene distinguir dos aspectos del nuevo procs. Uno, sus objetivos legtimos a medio plazo, la retrica o la ficcin jurdica sobre el cambio inmediato y estructural del poder y el ejercicio de la soberana frente al Estado. Dos, el reajuste de su estrategia, dada la realidad de los apoyos sociales casi paritarios de ambos bloques respecto del sistema estatal-institucional y la demostracin de la capacidad operativa del Estado frente a la desobediencia y la unilateralidad del Govern y el Parlament.

As, el bloque independentista, por un lado, debera acumular (astutamente) ms poder, aunque incluso el PSOE seala unas lneas rojas en su reforma constitucional que lo impiden. No es un asunto de palabras, aunque se hable de soberanas compartidas o cosoberanas y consulta popular o derecho a decidir la posicin constitucionalista con sus lmites est clara: subordinacin del autogobierno a la voluntad del conjunto de Espaa y su poder (soberana) estatal, oposicin a la autodeterminacin y a la independencia.

Por otro lado, incrementar la legitimidad ciudadana para sus posiciones. Y volvemos a su punto dbil: para la mitad de la poblacin catalana el discurso independentista de que una Repblica catalana va a mejorar la vida de la gente (con el discurso de Espaa nos roba), particularmente, en su bienestar social no tiene credibilidad, cuando ha sido su lite poltica neoliberal quien ha aplicado ms fervientemente los recortes sociales. Adems, se siente menos protegida nacional y culturalmente que permaneciendo en el Estado espaol, al menos renovado y con ms autonoma y mayor sensibilidad social. sta es la puerta abierta actualmente tras echar a Rajoy del Gobierno.

Superar la confrontacin de bloques con el desarrollo de una tercera posicin

Cobra ms verosimilitud la posibilidad de un arreglo compartido, aunque limitado y frgil, que disminuya el conflicto, mejore la situacin de las capas populares y sea razonable para todas las partes. De ello depende, en gran medida, la credibilidad y amplitud de un tercer espacio progresista, transversal y mayoritario. Hay una pugna por su conformacin y liderazgo, por un lado, entre Partido Socialista y En Com Podem y, por otro lado, por ERC respecto a cada uno de ellos. Pero existe tambin un inters comn de las tres partes para ensancharlo a costa del debilitamiento de los otros dos bloques hegemonizados por las derechas neoliberales y compartir mayor autonoma respecto de ellos. No obstante, esta cuestin no est clara por la dependencia del proyecto estatal del PSOE, sin la prioridad por una alianza de progreso, y la prioridad participativa de los republicanos en el bloque independentista.

La superacin del conflicto nacional y el estancamiento de la preponderancia de esos dos bloques solo es posible con el desarrollo de una tercera posicin con arraigo en la sociedad y en las instituciones. Junto con un acuerdo negociado en lo nacional, para superar el conflicto y la prioridad del antagonismo nacionalista-institucional entre los dos bloques, sera necesario un fuerte impulso popular alternativo, con la preferencia por un acuerdo tripartito transversal en lo nacional y de progreso o de izquierdas en lo social, aunque, de momento, no encuentra mucho eco en la direccin socialista ni en la republicana.

Es la propuesta actual de los comunes, compatible con el PSC y ERC, siempre que refuercen su representatividad, que necesitara abrirse paso como la opcin ms adecuada frente a la doble crisis socioeconmica e institucional-territorial. Sera otra fase de reequilibrio del escenario, los objetivos y las alianzas que no parece que alcance la estrategia cortoplacista y electoral de la cpula socialista y su contencin en ambos aspectos por las presiones fcticas, o la dependencia independentista de la direccin republicana.

La necesaria agenda social sustantiva

En todo caso, una solucin intermedia entre el estatus quo y la independencia solo cabe realizarla con un consistente Gobierno de progreso en Espaa y un acuerdo amplio en Catalua, al menos para dos de las cuestiones cruciales que afectan tambin al conjunto, como son el cambio de modelo territorial, ya comentado, y una agenda social sustantiva que explico brevemente.

Primero, es necesaria una nueva regulacin estatutaria y constitucional, venciendo la rigidez centralista y espaolista reaccionaria de las derechas, atendiendo a los derechos nacionales legtimos de Catalua (y otras zonas), estimulando la participacin popular progresista y avanzando a un modelo plurinacional y un proyecto de pas, con gran diversidad interna y diferente a la idea dominante en el nacionalismo conservador espaol.

Segundo, es imprescindible una financiacin autonmica suficiente, la ms necesaria para el gasto social, aparte de la garanta para unas pensiones pblicas dignas. Para ello Espaa (con ingresos pblicos de 37,9% del PIB en 2017) tiene un margen de cerca de 8,5 puntos del PIB respecto de la media de la eurozona y habindose rebajado un punto desde 2014.

La actual norma del timorato techo de gasto, propuesta en primera instancia y de forma unilateral e impositiva por el Gobierno socialista, no resuelve el segundo aspecto y resta credibilidad a las promesas a largo plazo sobre el primero. La reorientacin de la poltica econmica y social es decisiva para avanzar en la resolucin del problema territorial cataln, cuando el principal gasto autonmico es el social (sanidad, educacin, servicios sociales, dependencia, vivienda). Las mejoras sociales (incluidas en campos como el empleo decente, las polticas de gnero o las pensiones dignas) deben ser significativas. De lo que se trata no es la consolidacin de los recortes, la desigualdad y la precariedad, con el apao de algunas pequeas mejoras parciales. Esa situacin est amparada por toda la legislacin anterior de prioridad a la estabilidad econmica y las polticas liberal-conservadoras. Supone, por tanto, cuestionar ese marco, promover unos contundentes cambios legislativos (incluidas las reformas laborales y la LOMCE), negociar con Bruselas de acuerdo con las necesidades del pas, y dar seales claras ahora de caminar hacia un cambio de progreso tras las prximas elecciones generales, abandonando la tentacin de gran centro o pactos con las derechas y abriendo una etapa de hegemona progresista.

La negociacin de un nuevo techo de gasto y los presupuestos de 2019 deben elaborarse para dar respuesta a las necesidades sociales ms urgentes, muchas de ellas articuladas por la financiacin de las comunidades autnomas (y ayuntamientos) que deben tener un incremento significativo. Esa firmeza en lo social y esa expectativa por el cambio de progreso es imprescindible para ganar credibilidad ante las capas populares catalanas y espaolas. Adems, seala un objetivo poltico central: garantizar a medio plazo un acuerdo ms slido y profundo de progreso. Por tanto, en este debate econmico y presupuestario los aspectos centrales sobre los que hay que guiarse son las necesidades sociales y la estrategia poltica y el impacto sociopoltico, no tanto las variables macroeconmicas, a renegociar de forma realista con las instituciones europeas.

Por otro lado, las reticencias neoliberales neoconvergentes respecto del necesario giro social, con el incremento del gasto pblico social y los correspondientes impuestos, debern afrontar que hay otra opcin real. As, para la mejora del bienestar de la ciudadana catalana, se pueden incrementar sustantivamente los recursos de la Generalitat en un contexto espaol solidario, que no es la independencia y s una solidaridad igualitaria y democrtica ms amplia de los pueblos de Espaa a costa de los poderosos.

La nueva dinmica solo ser posible desde la activacin de las energas sociales y populares progresistas de la sociedad, por desarrollar un nuevo marco de convivencia democrtica y frente a la involucin social; por avanzar en un proyecto de pas de pases con un nuevo patriotismo cvico. Todo ello con la combinacin de esos dos ejes. Uno, integrador, solidario y democrtico en lo nacional y, en ltima instancia, legitimado con la consulta ciudadana correspondiente, tanto si hay acuerdo suficiente como si hay un desacuerdo relevante. Dos, firme e igualitario en lo social, con un empleo decente, la garanta de un crecimiento econmico sostenible medioambientalmente y la reversin de los recortes sociales, mayores todava en Catalua que en la media de Espaa y promovidos por el mismo consenso regresivo de la austeridad. En resumen, con un mejor Estado de bienestar y la garanta prctica de los derechos sociales, laborales y de empleo, con servicios pblicos de calidad, as como la atencin a los cuidados y la accin tenaz por la igualdad de gnero y contra la discriminacin de las mujeres.

En definitiva, en el actual contexto de polarizacin de bloques nacionales y predominio de poltica neoliberales y a pesar de las dificultades para su implementacin, la opcin ms razonable, democrtica y realista es una tercera posicin en Catalua, integradora y solidaria en lo nacional y progresista e igualitaria en lo social, junto con un cambio de progreso en Espaa. Las dos dinmicas en ambos mbitos se complementan y se necesitan.

Antonio Antn. Profesor de Sociologa de la Universidad Autnoma de Madrid. Autor de El populismo a debate (ed. Rebelin)

@antonioantonUAM

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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