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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-05-2018

[Honduras] Dilogo con Miriam Miranda, dirigente de Ofraneh
Vivimos bajo una presin insostenible

Giorgio Trucchi
Alba Sud


Un ao despus de que publicramos el informe Expolio de los territorios garfunas en Honduras: impactos del extractivismo y la expansin turstica (Alba Sud, 2017), la dirigente garfuna repasa algunas de las cosas que han ocurrido desde entonces.

Las comunidades garfunas en el litoral caribe, al norte de Honduras, continan sufriendo los embates de un modelo, dizque de desarrollo, que las despoja de sus territorios, persigue y criminaliza a sus habitantes, en aras de un no muy bien definido progreso. La construccin de complejos tursticos, residenciales y viviendas vacacionales crecen a la par de mega proyectos extractivos que amenazan el futuro de miles de personas.

Hace poco ms de un ao, la dirigente garfuna Miriam Miranda explicaba a Alba Sud cmo los pueblos indgenas y negros hondureos estaban sufriendo un acelerado proceso de destierro, que conducira en un mediano plazo a una desaparicin forzada de sus comunidades. El principal responsable de este proceso de despojo es el gran capital nacional y transnacional, coludido con autoridades locales y nacionales, a travs de la implementacin y profundizacin del rgimen extractivista. Por luchar contra la consolidacin de este rgimen en la regin, Miranda y decenas de activistas de la Organizacin Fraternal Negra Hondurea (OFRANEH) han sido perseguidos, criminalizados, judicializados y hasta asesinados.

Esta dramtica situacin fue ampliamente descrita el ao pasado por Alba Sud en el reportaje: Expolio de los territorios garfunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansin turstica. Un ao despus, la situacin parece haber degenerado an ms.

Prdida de soberana e integridad territorial

En toda la zona de la Baha de Trujillo hay un fuerte incremento de las inversiones extractivistas. Tanto las autoridades locales y nacionales como el gran capital le han puesto el ojo, ya no slo para la construccin de complejos residenciales con fines tursticos, sino tambin para sentar las bases de la construccin de un gran complejo energtico y una refinera, explic Miriam Miranda a Alba Sud. Dichos proyectos representaran una inversin de casi 2,8 billones de dlares.

A ese propsito, la coordinadora de la OFRANEH record que este repunte de inversin es parte del Programa Nacional de Generacin de Empleo y Crecimiento Econmico Honduras 20/20, una alianza estratgica del sector pblico-privado que en un perodo de 5 aos (2016-2020) tiene planeado invertir unos 13.000 millones de dlares y generar 600 mil puestos de trabajo, ms de un tercio de los cuales (255 mil) a travs de la actividad turstica, uno de los siete ejes del programa.

Una de las principales herramientas que dinamizan dicho programa son las Zonas de Empleo y Desarrollo Econmico (ZEDE), popularmente conocidas como ciudad modelo o charter city. Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades econmicas. Las ZEDE estarn sometidas a reglas diferentes del resto del pas y gozarn de total autonoma en cuanto a poltica fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. Tambin podrn establecer sus propios sistemas de salud, educacin y seguridad social.

El gobierno de Honduras dio a conocer el ao pasado que diez empresas cinco nacionales y cinco extranjeras ya habran mostrado inters en invertir en los clsters donde se desarrollaran las ZEDE, entre ellas las zonas de Trujillo, Coln e Islas de la Baha, en el litoral Caribe. Tanto el Programa 20/20 como las ZEDE han sido fuertemente cuestionados por amplios sectores de la sociedad hondurea y por organismos nacionales especializados en temas econmicos y de polticas pblicas, por presentar proyecciones sin sustento, incoherentes y no apegadas a la realidad, y por representar prdida de soberana nacional y de la integridad territorial.

La situacin ha venido ejerciendo una creciente presin sobre las comunidades indgenas y campesinas y sus territorios. Este conglomerado de proyectos viene a arrebatarnos nuestros territorios. Los habitantes de la comunidad garfuna de Puerto Castilla (Trujillo) ya estn siendo desalojados y desplazados. La comunidad de Cristales y Ro Negro, de Guadalupe, San Antonio y Santa Fe ya sufrieron la prdida de buena parte de sus territorios a raz de la implementacin de proyectos tursticos. Afortunadamente la poblacin ha reaccionado, se ha organizado, defendido y ha echado a andar importantes procesos de recuperacin de las tierras ancestrales, agreg Miranda.

En Guadalupe, por ejemplo, un grupo de jvenes, con el apoyo de la comunidad, recuper un terreno de unas 3,3 hectreas que habran sido vendidas ilegalmente al ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporacin turstica de capital canadiense Carivida S.de R.L. Lo mismo est ocurriendo en diferentes lugares de la zona de Trujillo.

Lamentablemente, exigir y hacer respetar el derecho a la tierra ha desencadenado todo un proceso de criminalizacin y judicializacin en contra de las comunidades garfunas.

Criminalizacin y judicializacin

Dirigentes y activistas de la OFRANEH fueron demandados por usurpacin de tierra, calumnia y difamacin. Algunos de ellos fueron detenidos en repetidas ocasiones, como es el caso de Medalime David, Csar Geovany Bernrdez y Celso Guilln. Otras, como Miriam Miranda, Neny Heidy vila, Lety Hernndez y la misma Medalime David, fueron demandadas y esperan ser citadas por la primera audiencia.

Nos estn enjuiciando por calumnia y difamacin. Nosotras solamente nos pronunciamos por la violacin de los derechos territoriales de las comunidades garfunas. Tenemos suficientes evidencias de lo que ha significado el acaparamiento ilegal de tierras, as como la manipulacin de los impartidores de justicia en contra del pueblo garfuna, manifest Miranda.

Con respecto al caso de Celso Guilln, quien a pesar de haber sido sobresedo de todos cargos ha sido detenido dos veces de manera ilegal e injustificada, la dirigente indgena asegur que se trata de un claro caso de persecucin y criminalizacin de los defensores del pueblo garfuna. El juez nunca transmiti el resultado de la sentencia absolutoria a las dems instituciones del Estado. De esta manera, nunca se revirti la orden de captura inicial. Esto es terrible, es algo premeditado. Lo hacen con alevosa y con la clara intencin de hacerle dao al compaero. La presin ya se ha vuelto insostenible, dijo.

La posible imposicin de una oleada de proyectos extractivistas incluyendo a los tursticos choca abruptamente con una de las demandas histricas de los pueblos indgenas, es decir el derecho a ser consultados de forma previa, libre e informada. Un derecho que est garantizado por el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) sobre poblaciones indgenas y tribales, pero que casi nunca es respetado por los Estados.

Ha sido un tema manipulado por el Estado de Honduras que, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha tratado de hacer aprobar una ley que de hecho se revierte en contra de los mismos pueblos. Es un remedo de consulta que no aceptamos, que rechazamos en cuanto pretende legitimar la expoliacin de territorios, la explotacin de los bienes comunes, la violacin de derechos humanos, el desalojo de comunidades enteras, asegur la dirigente garfuna.

Un Estado continu Miranda que ya tiene pies hinchados por el incumplimiento de las dos sentencias condenatorias dictadas en el 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relacin a las comunidades garfunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Ya fue condenado una vez, pero no le interesa. No slo no cumple la sentencia, sino que vuelve a imponer las mismas prcticas violatorias que lo llevaron a perder los juicios internacionales. Esto ya raya en el racismo y la discriminacin. Quieren vaciar nuestros territorios para luego entregrselos al capital transnacional y a sus proyectos de muerte, concluy la coordinadora de la OFRANEH.

Este artculo forma parte del proyecto Turisme Responsable: una eina d'Educaci per a la Justcia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educacin para la Justicia Global 2017.

Fuente: ALBA SUD

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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