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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-05-2017

Criminalizando la defensa de los derechos

Jesus Gonzlez Pazos
Rebelin


Pasados unos aos ya desde la implantacin del neoliberalismo y aunque empieza a dar serias muestras de agotamiento, urge revisar la relacin entre este sistema y los derechos humanos. La caracterstica fundamental en este campo se podra enunciar en una sencilla y clarificadora regla: en la misma proporcin que ha crecido el poder del sistema financiero y de los mercados con su insultante acumulacin de riqueza, se han reducido y recortado las libertades y derechos de los pueblos y personas. En esta relacin ha crecido tambin la brecha de la desigualdad por la falta de redistribucin de la riqueza, lo que va a incidir tambin de forma directa sobre el cumplimiento de determinados derechos como, por ejemplo, los que corresponden a una educacin y salud universal y gratuita, a desplazarse libremente, o a una vida digna para todas las personas y no slo para quienes pueden pagarse esos servicios tras los procesos de privatizacin.

De esta forma, y aunque vistos los acontecimientos polticos y econmicos de los ltimos aos, es posible afirmar que se ha entrado en las fases finales de este injusto sistema, hoy los procesos de criminalizacin y persecucin contra quienes defienden los derechos humanos y alternativas al modelo dominante aumentan y se multiplican en todo el mundo. Alguien podra pensar que es esta una afirmacin exagerada y alarmista; hacemos por eso un breve recorrido por tres mbitos que han visto en estos aos redoblarse las actuaciones en contra de los derechos.

Derecho a la tierra y el territorio. Un paseo por Amrica Latina nos muestra un continente donde la vida est estrechamente ligada a la tierra y a los territorios. En stos los pueblos (indgenas, afros, comunidades campesinas) encuentran su razn de ser, su identidad. Sin embargo, hoy sufren la intromisin y ataques a los mismos a travs de la imposicin de megaproyectos extractivos que no hacen sino perjudicar sus condiciones de vida. Transnacionales y oligarquas locales, ligadas a la minera, hidroelctricas, agroindustria o hidrocarburos, caracterizadas todas ellas por su agresividad en los mtodos de extraccin, invaden los territorios. La consecuencia directa es la destruccin de la biodiversidad, la privatizacin de recursos naturales y pblicos, la contaminacin de suelos y aguas, y un largo etc. En estos procesos los pueblos luchan por la defensa de los derechos ms elementales como aqullos que aluden a la vida digna en sus tierras, a no ser expulsados de las mismas y a la obligacin de ser consultados ante todo gran proyecto que les pueda afectar. Y por ello son criminalizados.

Pero, estas mismas situaciones de agresin y criminalizacin de la protesta social se llevan adelante tambin en nuestro entorno ms cercano. En nuestros pases se producen igualmente expropiaciones y recalificaciones de tierras y degradaciones del medio ambiente, al servicio de intereses econmicos, y a travs de la imposicin, de grandes infraestructuras o la extensin de monocultivos, tambin sin consulta a la poblacin afectada. Y todos ellos gestionados por las grandes empresas beneficiarias de este modelo de desarrollo.

Derecho al asilo y refugio. A pesar de las pomposas declaraciones de muchas autoridades polticas, cercanas y lejanas, en este mbito tambin se ha llegado a perseguir y criminalizar la defensa de los derechos de movimiento de cualquier ser humano. Se abren las fronteras para las mercancas y dineros, pero se levantan muros y vallas para las personas, si stas son pobres. En 2016 ms de 36 pases devolvieron ilegalmente personas a pases en los que su vida y derechos peligraban o, simplemente, no tenan condiciones de respeto y proteccin. El Mediterrneo se ha convertido en la mayor fosa comn de la historia y slo en ese mismo 2016 ms de 5.000 personas murieron en ese mar en su intento de alcanzar una vida negada en sus pases de origen. Mientras esto ocurre a las puertas de Europa, en su interior quienes defienden los derechos de estas personas, quienes por ejemplo llaman o practican la desobediencia civil como mtodo pacfico de denuncia y accin son detenidos, multados o recluidos en centros de detencin, al igual que las personas refugiadas que consiguen entrar en la fortaleza europea. Y los gobiernos miran para otro lado mientras miles de hombres y mujeres tratan de huir de la guerra o la miseria. Fenmenos estos sobre los que precisamente esas mismas autoridades tienen demasiadas e inconfesables responsabilidades.

Pero, a la par que esto sucede en torno al Mediterrneo, en Colombia, segn informe del Centro Nacional de Memoria entre 1958 y 2012 una cifra que casi alcanza los 6 millones de personas sufrieron desplazamiento forzoso a causa de las acciones de los diferentes actores armados implicados en la guerra en ese pas, fuerzas armadas bajo la direccin del Estado incluidas. Hoy en da a pesar del xito largamente deseado de las conversaciones de La Habana y la posterior firma de los Acuerdos de Paz, se estn incrementando los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Actores armados, principalmente el paramilitarismo, hoy reocupan territorios dejados por la guerrilla en su proceso de desmovilizacin y tratan de imponer sus reglas en la vida de las poblaciones; mientras el estado no acta para frenar esta grave situacin.

As, ambos contextos, el europeo y el colombiano se dan la mano en cuanto al abandono de millones de personas que buscan asilo o refugio y que da a da ven vulnerados sus derechos ms elementales. De alguna forma, a unas personas se las criminaliza y persigue en su derecho a emigrar, al refugio y asilo, mientras a otras se las reprime o asesina por denunciar que siguen creciendo las violaciones a los derechos humanos en funcin de intereses econmicos ms o menos ocultos y con la cobertura de los poderes polticos.

Derecho de las mujeres a una vida en libertad. Y sin violencias habra que aadir, para subrayar que hoy las mujeres de Asia, frica, Amrica, Oceana o Europa siguen siendo perseguidas y asesinadas por el machismo y el patriarcado. Entre 2012 y 2014 se registraron ms de 1.600 agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos solo en El Salvador, Honduras, Guatemala y Mxico, con un aumento respecto a aos anteriores superior al 45%. Entre 2012 y 2016, en esos mismos pases, fueron 42 las mujeres defensoras asesinadas.

Un aspecto ms en este contexto, y establecemos as relacin con los dos primeros mbitos antes enunciados, es la no visibilizacin cuando se habla de procesos de criminalizacin de estos derechos, de las agresiones y violaciones de los derechos especficos que sufren las mujeres, con especial atencin a todos los referidos a la violencia sexual y el incremento de las acciones y actitudes machistas. La gravedad estriba adems en que este tipo de ataques, en la inmensa mayora de las ocasiones no son denunciados y quedan en la ms absoluta impunidad. Sin embargo, por diferentes fuentes y conocimientos comunitarios se sabe que stos son una constante.

Pero, sin mirar tan lejos, un estudio reciente realizado por feminicidio.net y Mugarik Gabe, mostraba que ms all de las cifras oficiales, la realidad es ms dura, tambin en nuestra sociedad. Entre 2010 y 2015 en Euskal Herria, 33 mujeres fueron asesinadas por hombres. Y, a pesar de estos datos, a pesar de la lucha necesaria por la defensa de los derechos de las mujeres, en igualdad con los hombres, y con el objetivo de erradicar esas violencias machistas, se sigue generando desde distintos poderes cierta desconfianza, y a veces criminalizacin directa o indirecta, de aquellas mujeres defensoras y organizaciones feministas que da a da evidencian y denuncian esta realidad de nuestra sociedad.

Por todo ello, y tras este breve repaso, volvemos a reafirmar y evidenciar que los procesos de criminalizacin y persecucin a quienes defienden y a quienes exigen el cumplimiento de los derechos han aumentado en los aos del sistema neoliberal. Por eso hoy la defensa de quienes defienden y su no criminalizacin tienen que seguir siendo una razn de denuncia y reivindicacin. Los derechos humanos, que hasta hace poco tiempo estaban constantemente en las grandes declaraciones y en boca de las lites polticas tradicionales, no pueden perderse y quedar supeditados a conveniencias, mercados u otros intereses econmicos.


Jesus Gonzlez Pazos, Miembro de Mugarik Gabe.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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